El juicio por el crimen de Érika Antonella Álvarez, de 25 años, comenzó con un fuerte enfrentamiento entre la Fiscalía y las defensas sobre las circunstancias de su muerte y la presunta participación de los tres acusados. El fiscal Pedro Gallo solicitó prisión perpetua para Felipe “El Militar” Sosa, señalado como autor del femicidio, y seis años de prisión para Justina Gordillo y Jorge “Chicho” Díaz, imputados por encubrimiento.
Durante los alegatos de apertura, los abogados defensores rechazaron las acusaciones y anticiparon las pruebas con las que intentarán sostener sus respectivas versiones. La defensa de Sosa aseguró que no asesinó a la joven, mientras que los representantes de Gordillo y Díaz negaron que sus asistidos hayan participado en maniobras destinadas a ocultar el crimen.
El debate está a cargo de un tribunal integrado por María Laura Mibelli, Gonzalo Ortega y Eliana Gómez Moreira, quienes deberán evaluar testimonios, pericias y documentación antes de dictar sentencia.
La Fiscalía sostiene que Sosa asesinó a Érika y recibió ayuda para ocultar el crimen
El fiscal Pedro Gallo expuso la hipótesis acusatoria ante el tribunal.
El fiscal Pedro Gallo ratificó que, según su investigación, Érika Álvarez fue asesinada a golpes durante la madrugada del 7 de enero en la vivienda de Felipe Sosa, ubicada en Yerba Buena.
De acuerdo con la acusación, el hombre de 51 años habría trasladado posteriormente el cuerpo de la víctima hasta un descampado de Manantial Sur para ocultar lo sucedido.
Por esos hechos, el Ministerio Público Fiscal solicitó que Sosa sea condenado a prisión perpetua por femicidio.
Gallo también acusó a Justina Gordillo, de 48 años, empleada judicial y expareja de Sosa, de haber colaborado para ocultar el cuerpo, eliminar rastros y brindar información al principal imputado. Además, sostuvo que habría intentado obtener un beneficio económico a partir de la situación.
Para Gordillo pidió una pena de seis años de prisión por encubrimiento triplemente agravado.
Justina Gordillo está acusada de encubrimiento y enfrenta un pedido de seis años de prisión.
La misma pena fue solicitada para Jorge “Chicho” Díaz, empleado de confianza de Sosa. La Fiscalía sostiene que habría eliminado pruebas y escondido un arma de fuego que recibió del principal acusado.
Durante su exposición, Gallo recordó que Nicolás Navarro Flores, otro de los involucrados en la causa, ya fue condenado a tres años de prisión de cumplimiento efectivo mediante un juicio abreviado.
Jorge “Chicho” Díaz enfrenta una acusación por encubrimiento.
El fiscal aseguró que durante el debate presentará testimonios, pericias y otras evidencias para demostrar que Sosa cometió el crimen y que personas de su entorno realizaron maniobras para evitar que fuera esclarecido.
La querella, representada por Carlos Garmendia en nombre de los padres de Érika, respaldó la acusación fiscal y consideró que las pruebas reunidas durante la investigación son contundentes.
La defensa de “El Militar” niega el asesinato y cuestiona las pericias
La estrategia de Felipe Sosa estará centrada en negar su responsabilidad en la muerte de Érika Álvarez y cuestionar las conclusiones de los estudios forenses.
Su abogado Marcelo Cosiansi, que trabaja junto a Rubén Flores, aseguró durante la audiencia que su defendido no asesinó a la joven.
“Sosa no mató a Érika y eso lo vamos a probar”, afirmó el letrado.
Cosiansi sostuvo que tres médicos llegaron a conclusiones diferentes al analizar las circunstancias de la muerte y anticipó que utilizará esas discrepancias para discutir la hipótesis de la Fiscalía.
La defensa no descartó que la joven haya fallecido dentro de la vivienda de Sosa, pero negó que el acusado haya sido quien le provocó la muerte.
El abogado también planteó que durante la investigación no se habría profundizado una posible vinculación de la víctima con una persona relacionada con el narcotráfico.
Según su versión, Sosa habría entrado en pánico después de conocer lo sucedido y decidió ocultar el cuerpo por temor a represalias.
Esa explicación constituye una hipótesis de la defensa que deberá ser evaluada durante el juicio y no un hecho acreditado.